MANIFIESTO
El Movimiento Gallego por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (MODEPEN), es un colectivo compuesto por jubiladas y jubilados profundamente preocupados por la deriva que se está produciendo en el Sistema Público de Pensiones. Estamos asociándonos para, de forma organizada, luchar contra las medidas antisociales tomadas hasta ahora por los gobiernos claramente dirigidas a la desaparición de este Sistema, y encaminadas a favorecer planes de pensiones privados para beneficio de sus amigos de la banca y de las grandes aseguradoras, en perjuicio de la clase trabajadora que, en muchos casos, si no le ponemos remedio, nos llevarán a subsistir con las ayudas de la beneficencia.
Los pensionistas de hoy y los de mañana, estamos delante de un acoso frontal contra el Sistema Público de Pensiones. Es decir, contra uno de nuestros derechos históricos más sensibles y necesarios para las familias trabajadoras tanto por cuenta ajena cómo autónomos.
Con premeditada mala intención, por parte de lo más granado del poder económico, banca y multinacionales fundamentalmente, se viene activando una campaña mediática orientada a crear un estado de opinión social que dé por bien aceptado la inviabilidad económica del actual Sistema Público de Pensiones. Buscan presentar delante de la ciudadanía, como inevitable, la privatización pura y dura de las Pensiones Públicas.
Lo hacen así, porque por encima del bien común colocan sus particulares intereses, tal como siempre hicieron a través de la historia. Quieren ampliar su negocio para seguir acumulando riqueza y poder de dominación social. De tal modo que servicios públicos como los del agua, limpieza, incluso ciertos servicios de seguridad ya son hoy víctimas de esa ambición privatizadora.
Argumentan como causa de las actuales dificultades económicas de la propia Seguridad Social la baja recaudación resultante de los menores puestos de trabajo de los que hoy dispone el conjunto de la economía española. Asimismo, recurren el tan manido argumento de la baja natalidad. Mentira sobre mentira. Por cuanto que el factor que realmente determina, en cualquier país, las posibilidades de financiamiento de sus servicios públicos responde inequívocamente a la capacidad de riqueza que el conjunto de todo su entramado productivo sea capaz de generar.
Igual falto de rigor argumental está en el que se achaca la baja tasa de natalidad como otra de las causas que merman la solvencia económica del Sistema Público de Pensiones. Hace falta desfachatez pera mantener semejante razonamiento sociológico, cuando más del 50% de la juventud española está en situación de paro o camino de la emigración.
Veamos: España dispone hoy de un considerable nivel de riqueza (22.000 euros percápita) con el que poder atender de manera más que suficiente todos los servicios públicos actuales. Sólo se precisa que se haga uno reparto justo de dicha riqueza.
El Fondo de Reserva se creó en 1997, pero fue en el 2000 cuando recibió la primera aportación. Año a año se vinieron aumentando los fondos hasta llegar a los 66.815 millones de euros en 2011. En 2012 el gobierno sacó 7.003 millones; en 2013 fueron 11.648; en 2014 otros 15.300 y en el 2015 fueron 11.500 millones de euros. Al mismo tiempo, entre los años 2012 y 2015, el gobierno retiró de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo otros 8.127 millones de euros. A este ritmo de retirada de fondos se calcula que para el 2019 el arca de las pensiones quedará a cero. Y esto con la ridícula e insultante revalorización del 0,25% anual.
A todo lo dicho corresponde añadir que España se mantiene hoy como el segundo país más desigual de la Europa de los 28. Buena muestra la tenemos en el dato referente a las ganancias que las 20 mayores fortunas españolas consiguieron entre el año 2013 y 2014, donde incrementaron su riqueza en 15.450 millones de euros y poseen tanta capacidad económica como el 30% más pobre, 14 millones de españoles. Mientras para el 2016 los gastos de defensa, en términos reales, alcanzan una cifra de 17.000 millones de euros. En el capítulo de fraude fiscal de los últimos años se apreciaran cantidades estimadas en torno a los 80.000 millones de euros, a los que se pueden sumar 61.000 millones entregados a la banca para su rescate. ¡Vaya si hay dinero!.
No resulta menos relevante los CUATRO millones de horas extras que cada semana se realizan en España sin que a los trabajadores les sean pagadas el 58% de las mismas, y por lo tanto tampoco cotizan a la Seguridad Social, lo que viene a ser un fraude en toda regla. A eso contribuye la infame reforma laboral con sus contratos de meses, semanas, días y horas que, junto a las amplias reducciones en las cotizaciones concedidas a la patronal por cada nuevo contrato realizado, producen una considerable merma de ingresos en razón de las cuotas que dejan de ser aportadas a la Seguridad Social, como también por la discriminación salarial entre hombres y mujeres.
El posible descubierto económico de la Seguridad Social tiene fácil solución, pero se encuentra trincado por la perversa asociación de intereses entre élites económicas y políticas, cuestión que nada tiene de novedosa, cuando son precisamente los intereses de banqueros, patronal y políticos afines los que atenazan, y si pueden, estrangulan las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Esa es la forma natural e histórica con la que este ruín sistema capitalista viene actuando desde hace siglos y, un día sí y otro también, intenta pasar la factura de sus tropelías a la clase trabajadora. Entienden que para materializar su objetivo privatizador conviene acentuar el descubierto económico del Fondo Público de Pensiones, para que así resulte más asumible por una ciudadanía huérfana de la suficiente y rigurosa información sobre tan trascendente cuestión.
Se trata primero de descapitalizar para después privatizar. En esa condición se resume la estrategia de la patronal y políticos acompañantes.
Jubilados y jubiladas: por cuestión de dignidad histórica corresponde tener presente que no fue, en contra del que se pueda creer, ningún gobierno, patronal o estado los que tuvieron la iniciativa de organizar entidades de ayuda mutua. Fue el espíritu solidario de los trabajadores y trabajadoras los que constituyeron las primeras agrupaciones de socorro mutuo en la historia, orientadas a paliar las lacerantes situaciones de enfermedad y paro que asolaban a la sufrida clase laboriosa de los siglos dieciocho y diecinueve, víctima de la primera revolución industrial burguesa. De aquel contexto histórico y de aquellas experiencias, parten las raíces de la Seguridad Social de hoy.
La clase trabajadora nada le debe la ninguna patronal ni gobierno sobre el sostenimiento económico de tan esencial servicio social colectivo, siempre fue pagado y lo siguen pagando los trabajadores y trabajadoras con su esfuerzo productivo día tras día y año tras año; por el contrario, fueron gobernantes como el canciller alemán señor Bismarck los que se apropiaron de tan importante iniciativa obrera, y la puso bajo el control y administración de las instituciones estatales. Todo para contento de la gran patronal.
Tanta ambición privatizadora, parte de una hoja de ruta perfectamente elaborada que los grandes gestores capitalistas ya pusieron en práctica en la dictadura chilena de los años setenta del siglo pasado. Hoy continúan una redoblada batalla por extender la experiencia sobre los más amplios espacios sociológicos sometidos a su control.
Jubilados y jubiladas de hoy y de mañana: estamos delante de una más que amenaza económica y social contra nuestros derechos y dignidad, por lo que no se puede seguir agachando la cabeza frente la tanta injusticia y tanta agresión social contra la sanidad, enseñanza, vivienda y, si les dejamos, acabarán por darle el golpe de gracia al Sistema Público de Pensiones. A ese tenebroso futuro nos llevan si no le plantamos cara.
Se trata de organizarse y movilizarse por defender un derecho que en justicia y dignidad nos corresponde, a los jubilados y jubiladas de hoy y a los que vienen detrás, no hacerlo, sería traicionarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.
Hablamos de uno colectivo solidariamente organizado, plenamente democrático, asambleario y participativo. Fuera de todo sometimiento a ninguna instancia partidaria, institucional o patronal, pero abiertos a la más estrecha colaboración solidaria con todo colectivo humano dispuesto a defender consecuentemente la justicia social y una vida digna para toda la humanidad.